la detención realizada por los Agentes de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra de un farmacéutico y su hermano, de 43 y 34 años respectivamente y de nacionalidad española, a los que se les imputa la comisión de un delito de estafa por valor de 564.000 euros contra el Servicio Catalán Salud (CatSalut), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona manifiesta que:
Una de las funciones básicas de los Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, por su condición de corporaciones de derecho público, es la de colaborar con la administración sanitaria con el fin de que la actuación profesional de sus colegiados responda a los intereses y necesidades de la sociedad y en especial la de garantizar la buena práctica profesional y el cumplimiento de las normas éticas y deontológicas de la profesión. Por esta razón, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Barcelona condena enérgicamente cualquier actividad que no se ajuste a los citados criterios, por considerarla una práctica totalmente contraria a la ley.
Las dispensaciones de los medicamentos llevadas a cabo a través de las oficinas de farmacia quedan registradas en una red de receta electrónica llamada Sifare que es propiedad del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya. Estos registros proporcionan la información necesaria para que los colegios citados puedan elaborar la factura de todos los farmacéuticos titulares de oficina de farmacia con cargo al Servicio Catalán de la Salud.
Gracias a la intervención de los Colegios de Farmacéuticos en estos procesos de facturación se pueden detectar irregularidades y desvíos que indiquen la existencia de mala praxis profesional y/o irregularidades en el número de unidades de productos facturados.
La colaboración entre la administración sanitaria y la organización farmacéutica colegial ha sido clave en la detección y seguimiento de este caso.
Desde los Colegios trabajamos y seguiremos trabajando para garantizar el mejor servicio sanitario a nuestros ciudadanos y extremar las medidas que proporcionen garantía y seguridad en el cumplimiento de las normas de deontología y ética profesional por parte de nuestros colegiados.
Dado que nos encontramos frente a un hecho que podría ser constitutivo de un delito de estafa, la competencia para juzgarle corresponde a la Jurisdicción penal. Cualquier actuación que los colegios puedan emprender quedará condicionada a lo que resulte del procedimiento seguido ante la citada jurisdicción.
la detención realizada por los Agentes de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra de un farmacéutico y su hermano, de 43 y 34 años respectivamente y de nacionalidad española, a los que se les imputa la comisión de un delito de estafa por valor de 564.000 euros contra el Servicio Catalán Salud (CatSalut), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona manifiesta que:
Una de las funciones básicas de los Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, por su condición de corporaciones de derecho público, es la de colaborar con la administración sanitaria con el fin de que la actuación profesional de sus colegiados responda a los intereses y necesidades de la sociedad y en especial la de garantizar la buena práctica profesional y el cumplimiento de las normas éticas y deontológicas de la profesión. Por esta razón, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Barcelona condena enérgicamente cualquier actividad que no se ajuste a los citados criterios, por considerarla una práctica totalmente contraria a la ley.
Las dispensaciones de los medicamentos llevadas a cabo a través de las oficinas de farmacia quedan registradas en una red de receta electrónica llamada Sifare que es propiedad del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya. Estos registros proporcionan la información necesaria para que los colegios citados puedan elaborar la factura de todos los farmacéuticos titulares de oficina de farmacia con cargo al Servicio Catalán de la Salud.
Gracias a la intervención de los Colegios de Farmacéuticos en estos procesos de facturación se pueden detectar irregularidades y desvíos que indiquen la existencia de mala praxis profesional y/o irregularidades en el número de unidades de productos facturados.
La colaboración entre la administración sanitaria y la organización farmacéutica colegial ha sido clave en la detección y seguimiento de este caso.
Desde los Colegios trabajamos y seguiremos trabajando para garantizar el mejor servicio sanitario a nuestros ciudadanos y extremar las medidas que proporcionen garantía y seguridad en el cumplimiento de las normas de deontología y ética profesional por parte de nuestros colegiados.
Dado que nos encontramos frente a un hecho que podría ser constitutivo de un delito de estafa, la competencia para juzgarle corresponde a la Jurisdicción penal. Cualquier actuación que los colegios puedan emprender quedará condicionada a lo que resulte del procedimiento seguido ante la citada jurisdicción. COFB.ORG
